El autor expone por qué debe considerarse ilegítima una deuda pública que ha crecido espectacularmente desde el comienzo de la crisis.
Alguien dirá que las deudas siempre deben pagarse. De hecho, al pago de una deuda también se lo denomina “honrar” una deuda, ya que parece que se trata de algo más que de un mero retorno: se trata, ante todo, de cumplir con una palabra dada. No obstante, en realidad, la exigencia del pago de una deuda –sobre todo cuando se trata de una deuda soberana– debería depender de cómo se originó, de quién la contrajo, bajo qué condiciones y para qué beneficios. En caso contrario, sería injusto reclamar al pueblo que se hiciera cargo de deudas que en ningún caso contrajo y/o que no le aportaron beneficio alguno. Injusto y tal vez ilegítimo.
En el caso de la deuda pública española parece, como en tantos otros tantos casos (léase Grecia, por no citar a cualquiera de los países empobrecidos) que nos encontramos con deudas públicas que podrían considerarse ilegítimas (por cuanto todavía no se las puede considerar ilegales). Ilegítimo es un término que conlleva connotaciones morales o éticas, pero que a veces pueden tener más fuerza que el mismo peso de la ley. Ilegítimo es recortar los presupuestos de educación y sanidad en 10.000 millones de euros y pocos días más tarde salir al rescate de Bankia estando dispuesto a condonarle deudas por valor de casi 4.500 millones de euros y apoyarle con más de 19.000 millones. Ilegítimo es estar dispuesto a nacionalizar deudas que fueron contraídas por promotores, constructores y banqueros, que se beneficiaron con la especulación inmobiliaria, y no honrar el pago de servicios sociales básicos. Ilegítimo es avalar el pago de deudas que fueron contraídas por aquellos que nos llevaron a esta situación de bancarrota por el simple hecho de que las contrajeron con la banca alemana, francesa o norteamericana (avales que en el caso de Bankia se estiman en casi 30.000millones) y no garantizar derechos sociales básicos que creíamos garantizados de por vida. Ilegítimo es permitir que el señor Blesa y el señor Rato hagan negocios con el ladrillo con sus colegas de partido (léase Esperanza Aguirre, Juan JoséOlivas o Francisco Camps), de forma totalmente irresponsable, y que ahora, cuando el castillo de naipes se está desmoronando, no se les exija responsabilidad alguna –ni a unos ni a otros– por este desaguisado. Ilegítimo es que el Gobierno esté mezclado y viciado con aquéllos que tienen intereses económicos y que parezca que ahora tan sólo le preocupe encontrar la manera de cómo ayudarles a pagar los platos rotos de su fiesta con nuestro dinero.
Por todo ello, parte de la sociedad española está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Esta parte de la sociedad civil, organizada bajo la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!, es consciente de la necesidad de construir un camino ciudadano por el que sea posible un cambio en la correlación de fuerzas para poder auditar la deuda.
Así, al igual que se ha hecho en otros países que llevan años sintiendo el golpe de la deuda, como es el caso de Ecuador, se hace necesaria una auditoría que explique cómo y por qué la deuda pública se ha más que doblado en tan sólo cinco años, pasando del 36% del PIB de 2007 al 80%estimado para finales de 2012. Una auditoría que pueda decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no, para conocer cuánto del aumento de la deuda pública ha servido para salvar al sistema financiero español y ayudar a sus ejecutivos a evadir sus responsabilidades. Una auditoría de la deuda que pueda dirimir si es justo y legítimo que en el año 2012 el Estado tenga que pagar más de 28.848 millones de euros en intereses que provienen de deudas de las que desconocemos su origen. Una auditoría de la deuda que nos permita exigir responsabilidades políticas y judiciales a aquellos que se han enriquecido ilegalmente con dinero público. Una auditoría ciudadana comomedida de presión y de contención para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública (tal y como ya sucedió en Argentina en 2001, en Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011). Una auditoría social para controlar el agujero de la deuda privada española. Una auditoría de la deuda como excusa, y como una pieza más en el camino, que ayude a concienciar y politizar a la ciudadanía, con el objetivo de que hagamos nuestro el futuro y no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales corruptos nuestro destino y el de las generaciones que están por vivir en nuestro país. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida que permitirá al pueblo recuperar el poder de su soberanía económica, social y política; es decir, la única salida realmente “honrosa”.
Daniel Gómez-Olivé i Casas, investigador
Observatorio de la Deuda en la Globalización
